“Matrimonio” Homosexual

La ofensiva del colectivo homosexual en torno a la cuestión del “matrimonio gay” se muestra tan sistemática como imparable. Iniciativas que hace apenas par de años se leían tímidamente en internet (propuestas de mega juicios contra la Católica por “homofobia”, por ejemplo), comienzan a hacerse realidad. Es posible que el pedido a la Fiscalía contra la C.E.E. y contra el Obispo de Santiago no prospere; pero algún pedido prosperará, lo sabemos de antemano. Están dados para ellos el clima político y el contexto cultural adecuados, ¿no estarán dados también en los creyentes (obispos superlativamente incluidos, claro está) cierta desorientación acerca de qué queremos o creemos defender, y cierto innecesario derrotismo?

Esta cuestión no es sólo de los creyentes católicos, pero puesto que en la dialéctica del debate hemos quedado -pars pro toto- en primer plano, bueno fuera deslindar qué aspectos entraña, cuáles nos competen sin concesiones, cuáles asumimos por “solidaridad política y cultural”, y cuáles debiéramos aceptar como libre juego del irrefrenable cambio de toda sociedad viva.

La ley y el deseo

En el discurso “anti-matrimonio homosexual” planea cierta ilusión tácita que nada tiene que ver con cuestiones jurídicas pero que nos deja vulnerables en extremo: no debiera haber homosexualidad.

Pero la hay. Eso es algo que tiene que ver con realidades y no con leyes; ni con las leyes profanas ni con las sagradas. Las escasas referencias que la Escritura, con su peculiar y crudo realismo, dedica a la homosexualidad, no se parecen en nada -a pesar de contener la misma doctrina- al modo como el tema es tratado por nosotros los cristianos. Veamos una como ejemplo: “No hagáis como se hace en la tierra de Egipto, donde habéis habitado, ni hagáis como se hace en la tierra de Canaán a donde os llevo; no debéis seguir sus costumbres.[…sigue una serie de prohibiciones…] No te acostarás con varón como con mujer; es abominación…”. La cita es de Levítico 18, y muestra claramente que la Biblia no pretende penetrar la profundidad del problema antropológico sino sentar una doctrina moral asimilable y práctica: “eso no es para vosotros”.

La unión homosexual (en rigor es lo único homosexual que existe: no las personas sino las uniones) es una posibilidad contenida en la sexualidad, y como tal campea en la comunidad humana desde que el hombre es hombre: a veces aceptada con algún fin útil (indios Nambiwara, por ejemplo, según Leví-Strauss), en general sólo tolerada como un mal menor, por momentos promovida (clases altas en la Atenas clásica), a veces proscripta, lo que hace pensar que sólo falta prescribirla como obligatoria, como para completar el abanico (y en ello están los “colectivos gays”, a lo que parece).

El recurso a la historia en manos de uno y otro bando resulta absurdo y simplista: “si nunca fue bien considerada (lo cual no es cierto), no debiera serlo ahora”, o bien “si siempre existió (lo que no indica nada sobre su bondad) debería ser aceptada por todos de una buena vez”. La historia en verdad nos deja un único saldo aprovechable en relación a esto: cuán complejos son los caminos que sigue la sexualidad humana para alcanzar (o no) su realización.

En medio de esos caminos, la ley no puede (y por lo tanto no debería) intervenir, cuando lo intenta, no hace sino mezclar delicadas y metajurídicas cuestiones del equilibrio existencial y emocional de cada quien, con lo único que la ley sí puede (y debe) regular: la interacción de los hombres en sociedad, desde el punto de vista de la promoción del todo social, es decir, de la realización de ciertos valores comunitarios, sean estos explícitos o no.

La cuestión del “matrimonio gay” no es un problema de “mayorías gays” ni de “minorías gays”, ni lo es de “deseos gays”, sino sólo (¡y es mucho!) de a qué llamamos “matrimonio” en nuestra sociedad, qué valores promueve y qué función debe cumplir en la interacción de las demás prácticas y regulaciones comunitarias.

El resto, lo que decidamos que no es matrimonio, sea o no gay, puede ser o bien alguna otra clase de institución regulada también por la ley, o bien quedar sin regulación, que mal no viene poder hacer cosas que la ley no prohíbe ni promueve.

Me parece que es justamente la realidad misma del matrimonio lo que está en cuestión, y no si éste es o no entre homosexuales, y mucho menos si es bueno o malo “ser” homosexual, pregunta de por sí mal formulada y ajena por completo al problema del matrimonio de cara a la ley.

Entre biberones y sábanas

Si atendemos a la historia (incluyendo en esto a la prehistoria), el matrimonio viene constantemente ligado a dos realidades: la unión sexual y la procreación y cuidado de la prole, con la primera (la unión sexual) puesta en vista de la segunda.

Ni siquiera la “comunidad existencial de dos que se aman” forma parte de manera constante de las regulaciones matrimoniales; más bien pareciera que la intervención de la sociedad y de la ley se produce recién allí donde hay la posibilidad de hacer nacer uno a partir de dos: es la comunidad entera la que se mete abajo de la sábana a intentar hacer un hijo.

Esto tiene poco que ver con la monogamia, la indisolubilidad, la “realización personal” y los “derechos individuales”. Se trata más bien de un fenómeno elemental: somos una de las especies vivientes más débiles y vulnerables (tal vez la más) y nuestra supervivencia -a falta de otra especie que cuide de nosotros declarándonos “especie protegida”– debe ser cuidadosamente promovida por cada uno de sus miembros.

Esto no lo inventamos los católicos, ni los cristianos, ni los judeocristianos, ni ninguna otra religión en general. Esta debilidad que reclama un contrapeso voluntario de toda la sociedad es una de las más constantes intuiciones de la humanidad.

La fórmula “cama y biberón” no depende del culto que se practique, ni de si se practica alguno, se trata del precipitado de una herencia constante de una humanidad que lleva miles de años de experiencia sobre la tierra, y ha desarrollado algunos probados mecanismos institucionales para autoprotegerse, frente a los cuales, nuestros escasos cien años de darlo todo patas para arriba y jugar con las palabras, suenan a chiste.

Es cierto que se diría que con la procreación y educación de la prole es suficiente, y que no hace falta hacer entrar en esta “definición” del matrimonio a la sexualidad: no importa de dónde viene el hijo, lo importante es que esté, máxime hoy, que podemos arreglar muchos asuntos en el congelador o en la probeta. Pero las leyes matrimoniales tienen la peculiaridad de que no sólo regulan situaciones de hecho o sancionan prácticas consuetudinarias, sino que promueven, comisionan positivamente a algunos de los miembros del cuerpo social a la realización de esta tarea comunitaria en beneficio de todos: perpetuar la comunidad, y premian este esfuerzo protegiendo de manera especial a esos miembros. La exigencia de unión sexual viene a asegurar -al menos formalmente, que es lo que la ley puede evaluar- que los miembros se hicieron acreedores de la protección ofrecida.

Desde el punto de vista de la ley, el matrimonio no es ninguna clase de institución propia sólo de los contrayentes, sino algo que interesa a la supervivencia de todos, y lo llena y hasta sobrecarga (según cada época) de ritualidades y símbolos que expresan ese “mandato de la comunidad”. En algunos ritos antiguos (en la Grecia preclásica, por ejemplo) la comunidad entraba a la alcoba representada por un grupo de vírgenes para verificar que se realizaba la unión.

Hacia mediados de los ’80, cuando el gobierno francés se dio cuenta que se había pasado con la propaganda des-natalizadora, París apareció empapelado por un afiche del gobierno que decía elocuentemente “Un hijo para Francia”… Sólo una humanidad que no se quiere a sí misma, que está hastiada de sí misma, o que tiene miedo de poblar la tierra puede desoír esta llamada elemental de la supervivencia y jugar con la función primaria de una de sus más sutiles instituciones.

Antes de cerrar este apartado, y para prevenir despistes, quisiera aclarar que no me meto en el problema de si la procreación es o no un fin primario del ejercicio de la sexualidad, sólo me interesa rescatar que no es de ninguna manera un fin accesorio del matrimonio, sino precisamente lo que -desde el punto de vista de la ley humana- lo motiva. Para las leyes humanas, en lo que tienen de constantes a lo largo de la historia, un hijo no es ninguna clase de “coronación del amor”, ni de “don añadido a la vida en común”, ni mucho menos alguna clase de “derecho” que uno pudiera rehusar, sino aquello que moviliza a toda la comunidad y hace que esa comunidad se interese por casar a una chica con un chico, en lugar de dejarlos que se diviertan en el granero.

Valores sobreañadidos

Por supuesto, esto no quiere decir que el matrimonio haya sido (y sea) solamente eso. También cumple otras funciones simbólica, como toda realidad social polivalente.

Pero que cumpla otras funciones no indica que deba dejar de cumplir ésa que le es esencial, aunque además sirva como expresión de la “igualdad de lo diferente”, como en el matrimonio monógamo moderno, o como expresión de la “supremacía del Pater”, como en el matrimonio polígamo, o como expresión del ideal de “perpetuidad de la cohesión entre los seres humanos”, como en el matrimonio indisoluble.

Si nuestra sociedad occidental postcristiana sigue rechazando la regulación legal de la poligamia, por ejemplo, es precisamente porque en el horizonte de nuestra cultura, al valor sobreañadido de “igualdad de lo diferente” le cabe tanta protección como a la perpetuación de la propia comunidad.

Notamos que este valor es, de todos modos, sobreañadido y no nace con el matrimonio, del momento en que hay otras leyes que se ocupan también de expresarlo. Por ejemplo, en las legislaciones occidentales algunos contratos abusivos pierden toda validez, aun cuando estén firmados por las partes, si introducen una flagrante asimetría entre las partes. Esto justifica que lo llame “valor sobreañadido”, que de ninguna manera implica una nota de inferioridad, sino sólo de intentar percibir lo que es el valor propio y específico, que ninguna otra ley recoge, del matrimonio.

En este punto se inserta la cuestión religiosa, del momento en que compartimos (y la mayoría de las religiones lo hacen) con la sociedad esta institución, aunque por motivaciones y con valores no del todo semejantes.

En estos tiempos en que la modernidad se acabó y no empezó todavía nada nuevo, ninguna nueva síntesis, es decir, lo que llamamos la “Post modernidad”, la presencia de las diversas confesiones religiosas no cabe analizarlas sino como “comunidades dentro de la comunidad”, dotadas por lo tanto de un conjunto de valores propios que se sobreañaden a los de la comunidad en los que esa confesión arraiga.

Hubo un tiempo en que Occidente estuvo a punto de desaparecer como síntesis cultural, y subsistió dentro de la Iglesia Católica. Eso terminó hace al menos tres siglos, y me parece claro que no podemos seguir solucionando los problemas como si esa relación con Occidente siguiera en vigor. Pero sí debemos reconocer que mientras esa relación con Occidente fue de dependencia con la Católica, nuestra religión le traspasó a la cultura muchos de sus ideales y valoraciones, que hoy pertenecen a las ambigüedades que la cultura -y no nosotros en tanto que creyentes, sino en tal caso, sólo en tanto ciudadanos- tiene que resolver.

La noción de matrimonio como “comunidad de amor” y su ideal de indisolubilidad (“asumir el compromiso de una larga costumbre a dúo”, dice irónicamente el ateo Camus) son nociones fundamentalmente teológicas, que tienen que ver con su sacramentalidad más que con los fundamentos que pueda aportarle la sociedad civil. Es el carácter religiosamente esencial de símbolo y realización de la unión de Cristo con la Iglesia lo que dota al matrimonio de un nuevo ideal, sin dejar, desde luego su función antropológica básica de ser una unión protegida para la conservación y propagación de la especie.

Traspasados a la sociedad civil, sin el soporte de su fundamento católico comunitariamente vivido (es decir, en la sociedad post cristiana), esos valores no pueden ser más que sobreañadidos, y no esenciales, y por lo tanto apoyar en ellos el sentido del matrimonio civil termina restándole sentido a la institución, desnortando y perdiendo el rumbo.

Un caso paradigmático para comprender esto es el del valor, esencial de nuestra religión, de la monogamia: su reclamo es extremo, hasta tal punto que Jesús dirá “…pero yo os digo que el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio en su corazón” (Mt 5,28), y su fundamento no está en la unión misma sino en la unicidad del Cristo y de la Iglesia que se unen en ese Sacramento. Cuando este valor sobreañadido pasa a la sociedad civil, sólo puede subsistir si adquiere un nuevo fundamento, como de hecho ocurrió, en este caso, como expresión de “igualdad de lo diferente”.

Si la sociedad civil desea conservar las notas sobreañadidas al matrimonio que le vienen de la época en que estaba unido a la sacramentalidad, deberá por fuerza profundizar en su propio fundamento y encontrar los pilares en los que anclarlos. Pero esa no es tarea que nos competa a nosotros en tanto creyentes, a nosotros nos compete mantener lo esencial del matrimonio civil y eclesiástico, y su sentido religioso, coincida o no con lo que la sociedad civil espera de él.

Cuanto mas raigal es una institución, más complejo es el entramado de notas fundamentales que se expresan en ella, y más difícil mantener cierta orientación entre lo esencial y lo accesorio, máxime cuando nos tomamos en serio la existencia de una comunidad plural, y en este caso, la existencia de comunidades, con sus propios reclamos, dentro de la comunidad cultural.

El Estado en nuestra sociedad “laica y participativa”

El Estado es, en nuestra sociedad occidental moderna, una realidad difícil de “digerir”: Por un lado su presencia es indispensable para arbitrar los conflictos entre participaciones e intereses contrapuestos, por el otro, tener que mantener la neutralidad valorativa en una sociedad que no puede, esencialmente, dejar de expresar valores, lo hace especialmente ambiguo e inestable.

En el último siglo, se podría decir que se ha llegado, no sin magullones, a un cierto consenso de que sus funciones básicas son salud, educación y seguridad, además, naturalmente, de otras concomitantes a éstas. Con diferentes acentuaciones, y bastante menos consenso, en general aceptamos también que el Estado no debería cumplir de manera completamente directa estas funciones (al menos en las dos primeras), sino más bien crear los espacios y brindar lo medios para que los ciudadanos se puedan preocupar de su salud, y proveer a la educación de sus hijos y de ellos mismos.

Sea cual sea la ideología de cada uno (y por lo tanto el modo como se representa al Estado), podemos aceptar que hay un interés común de expulsar lo más lejos posible al Estado de la vida privada. Esta es una lucha que lleva siglos, y en la que los particulares hemos obtenido sonoras batallas, pero en la que queda mucho por hacer. Por lo pronto, a ninguno le gusta que el Estado se meta en la casa de la puerta para adentro, y mucho menos de la sábana para abajo, excepto cuando lo que ocurre puertas adentro tiene ecos en la dignidad o en la seguridad personales de los demás.

Cuándo, cómo, cuánto y con quién se acuesta cada uno no es -ni debe ser- competencia del Estado sino de nuestra conciencia valorativa, imbricada en el conjunto de creencias y aspiraciones trascendentes de cada uno, atenta al libre juego de la convicción con la que seamos capaces de difundir nuestros valores entre los demás, a través de discusiones, opiniones, predicación, etc.

Sólo bajo unos pocos supuestos es imprescindible y deseable meter al Estado en la intimidad sexual de los particulares:

-La regulación del matrimonio, en vistas a la supervivencia de la comunidad (y sólo bajo ese aspecto), según vine desarrollando.

-La prohibición y persecución penal de la paidofilia, en vistas a la protección de la niñez y de la dignidad de todos los seres humanos.

-La prohibición de la poligamia, en vistas a la promoción del valor occidental de la “igualdad de los diferentes”.

-La prohibición de la violencia sexual no querida o de consecuencias letales, en vistas de la protección de la libertad personal y de la vida.

Todas las demás manifestaciones de la sexualidad humana, sean rectas o torcidas (es decir: rectas para unos y torcidas para otros), incluyendo la homosexualidad, la abstinencia sexual, la zoofilia, el fetichismo, el sadomasoquismo, etc, etc, etc., no cae ni tiene por qué caer en la competencia reguladora del Estado, sino sólo de la propia conciencia, formada en los medios de asistencia espiritual que cada uno acepta libremente para su vida.

Si separamos la institución matrimonial de su referencia esencial a la procreación y a la perpetuación de la especie, no hay ninguna clase de motivo para que el Estado deba exigir que esta institución contenga sexo, ni para que evalúe si lo contiene o no.

La confusión respecto del “matrimonio” homosexual no proviene del mentado “lobby gay”, ni de que haya poca o mucha gente que se autodefine como homosexual, sino que arranca desde mucho antes, desde la confusión entre “matrimonio” y “unión de dos personas que quieren vivir juntas”, sean éstas hétero-, -homo-, bi- o a- sexuales.

¿Qué papel puede cumplir el Estado en relación a la práctica o ausencia de práctica sexual de dos o más personas que quieren vivir juntas? En lo único que el Estado tiene algo que decir respecto de dos o más personas que quieren vivir juntas es en cuanto a las consecuencias económicas (y por lo tanto sociales) de tal decisión.

No hace falta aplicar el término “matrimonio” a la voluntad de dos o más personas que quieran vivir juntas, porque eso significa:

-Dejar al Estado que arbitre las prácticas sexuales de esas personas (en las que no tiene arte ni parte)

-Desligar el término matrimonio de una realidad (la perpetuación de la comunidad) que es tan específica que requiere un término específico y exclusivo para ser nombrada.

En una palabra: si llamamos “matrimonio” a la vida en común de dos personas que practican sexo entre ellas, deberemos inventar otro término para designar el mandato de la comunidad de que algunos de sus miembros se encarguen de perpetuarla, porque son dos funciones que no tienen nada que ver entre sí.

Por otra parte, aplicar el término “matrimonio” a la vida en común de dos personas por el hecho de que practican el sexo entre ellas es borrar con el codo lo que trabajosamente estamos, todos los demás, tratando de escribir con la mano: expulsar al Estado de nuestras casas y camas. Es un retroceso y no un avance.

Propuesta

Eso no significa que la unión estable de dos personas que tienen relaciones homo o hétero sexuales no pueda ser regulada por el Estado. Puede serlo tanto como la unión estable de dos o más personas que no tienen ninguna clase de relación sexual. En rigor, toda vez que hablamos de convivencia estable (haya o no sexo de por medio), sabemos que se producen consecuencias económicas, laborales, etc. que pueden -y sería bueno que lo fueran- ser reguladas por la ley.

Por otra parte, toda convivencia estable, sea de la clase que sea (dos novios, cinco amigos, tres vecinos, cuatro hermanos, etc…), realizan en pequeña escala el ideal social de convivencia pacífica, y por lo tanto expresan un valor, y no sólo un hecho de consecuencias puramente económicas. Eso merece una institución específica, y podemos ser muy creativos en realizarla, en vez de “reciclar” el matrimonio y desvirtuar una institución que ya cumple una función específica.

Por ejemplo: si dos hermanos varones solteros y solos viven juntos de manera estable en una casa de alquiler, y uno de ellos se enferma, ¿no deberíamos desear que haya una regulación laboral que le permita al hermano sano cuidarlo, sin necesidad de que tengan que ser homosexuales, es decir, sin que el Estado tenga que verificar para qué usan su sexualidad? Y si uno de ellos muere, ¿no es deseable que él mismo traspaso de contrato de alquiler que se practica con viudas e hijos se practique con cualquier conviviente, se acueste o no con su compañero de techo? ¿Qué tiene que ver el sexo que practiquen en todo esto?

Es decir, lo que precisamos no es un “matrimonio homosexual”, que desviste un santo para vestir a otro y que deja sin regulación legal todas las demás formas de convivencia por el hecho de que no hay sexo de por medio, sino más bien una institución del tipo “contrato de convivencia” que ayude a todos aquellos que quieren seguir el difícil camino de convivir, a que las consecuencias económicas y laborales de esa convivencia sean justas para todos, y que esa convivencia sea -independientemente de la práctica sexual- expresión de un valor comunitario legítimo y necesario.

Un “contrato de convivencia” parece un mero trámite, con menos ritual y menos mística que un “matrimonio”, pero es sólo una apariencia: en las instituciones que regula el Estado no hay ninguna clase de “mística”, son todas (incluyendo el matrimonio), un mero trámite. Lo que le da “mística” (secular, que no es poco) a las instituciones de la sociedad no es la ley que las regula, ni el Estado que aplica esa ley, sino la vigencia de los valores comunitarios que expresa y la convicción con que son asumidos y promovidos. Y en cuanto a la ritualidad, nada impide tirar arroz y vestirse elegante para ir firmar un “contrato de convivencia”.

Abel Della Costa 

Una respuesta

  1. Son nefastos.El Estado neutro??? si fuese tan neutral ya estariamos discutiendo la legalizacion del aborto.Yo no soy catolica.Su religion con sus valores profesenla ustedes no puede convertirse en politica de Estado

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: